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El Ayuntamiento compromete una o más partidas presupuestarias, hasta un montante total de 500.000 euros para financiar las propuestas que sean finalmente seleccionadas.

El proceso se realizará mediante mecanismos y espacios para la formulación y presentación de propuestas, su exposición y discusión pública, y la definitiva selección de aquellas actuaciones que prioritariamente deban ser tenidas en consideración.

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Las propuestas pueden ser presentadas a título individual o en representación de asociaciones y entidades ciudadanas, debiendo concretarse en actuaciones de conservación o mejora de vías y espacios públicos. Podrán formularse recurriendo a formularios on line o impresos alojados en la web de los Presupuestos Participativos. Y presentarse indistintamente a través de la propia web o mediante entrega directa en la Delegación de Participación Ciudadana de forma presencial o por correo electrónico. El plazo de presentación de propuestas estará abierto hasta el 4 de noviembre.

El núcleo deliberativo del proceso se basa en un total de seis asambleas vecinales abiertas, que se realizarán en distintas zonas de la ciudad entre el 6 y el 22 de noviembre. En el curso de dichas asambleas podrán presentarse nuevas propuestas ciudadanas, serán debatidas todas las referidas a la zona en cuestión, y finalmente seleccionadas por votación hasta un máximo de cuatro propuestas por zona, que serán posteriormente objeto de un informe especifico de viabilidad técnica y económica.

La determinación definitiva de las propuestas prioritarias será negociada en el seno de un órgano compuesto por representantes municipales y delegados vecinales elegidos en las asambleas precedentes.

La Delegación de Participación Ciudadana trabaja en la confección de un calendario de reuniones y nuevos actos de presentación circunscritos a las seis zonas de referencia del calendario “oficial” de asambleas.

Además de sus implicaciones como proceso participativo en sí mismo, estos Presupuestos Participativos constituyen una suerte de ensayo previo al proceso de revisión-adaptación del vigente Reglamento de Participación Ciudadana, cuyo desarrollo está previsto acometer a lo largo del año próximo en cumplimiento de lo dispuesto en la nueva Ley Andaluza de Participación Ciudadana que entrará en vigor en enero de 2019.

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