El conflicto por el despido de varios conserjes temporales del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda podría derivar en nuevas actuaciones judiciales contra la alcaldesa, Carmen Álvarez (IU). La abogada Isabel Gallardo, representante de diez de los doce trabajadores afectados, ha anunciado que prepara una querella contra la regidora tras conocerse tres sentencias que han declarado nulos otros tantos despidos.
Durante una entrevista en Radio Esquina, de la que se ha hecho eco Sanlúcar Información, Gallardo ha cuestionado la actuación del Gobierno municipal y ha lamentado que el Consistorio no haya contactado con los empleados después de los primeros fallos judiciales favorables. “No se han puesto en contacto con ellos”, ha asegurado la letrada, que ha insistido en las consecuencias personales y familiares de esta situación.
Una de las resoluciones, conocida el pasado 21 de septiembre, ha ordenado la readmisión de una trabajadora y el abono de 32.135,69 euros en salarios dejados de percibir, además de 3.000 euros por daños morales. El juzgado ha apreciado una vulneración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, al considerar injustificado el diferente trato recibido por empleados temporales en circunstancias similares.
La abogada ha explicado que otros siete procedimientos permanecen pendientes de resolución y ha confirmado que los tres trabajadores que ya cuentan con sentencias favorables respaldan la iniciativa judicial contra la alcaldesa. No obstante, ha precisado que la querella todavía no ha sido presentada y que sus fundamentos jurídicos continúan en estudio.
Por su parte, el Ayuntamiento ha solicitado aclaraciones sobre las primeras sentencias, relacionadas, según Gallardo, con determinadas cantidades abonadas en las nóminas de agosto. La letrada ha advertido de que prolongar el conflicto podría incrementar el coste económico para las arcas municipales si finalmente se confirma la obligación de readmitir a los afectados y abonar los salarios correspondientes.
El asunto también ha provocado reacciones políticas. El PSOE de Sanlúcar ha reclamado la reincorporación de los trabajadores y ha estimado que el coste conjunto de los despidos podría superar el millón de euros, una cifra que no responde a ninguna condena judicial. Mientras se resuelven los procedimientos pendientes, el conflicto laboral continúa abierto y podría extenderse a nuevas actuaciones judiciales contra la alcaldesa.